La reforma laboral
planteada por el Gobierno “Socialista”, supone la mayor agresión a los derechos laborales de los trabajadores desde el inicio de la democracia. Es una consecuencia mas que el Gobierno ha dado en materia económica y social, que se inició con el recorte de 50.000 millones de euros, continuó con el plan de ajuste (congelación de las pensiones, rebaja salarial de los empleados públicos, 6.045 millones de euros de recorte en inversión publica,…) y con la aprobación del Real Decreto de Reforma Laboral.
Unas medidas inju
stas y regresivas que continuarán, como ya anunció el presidente Zapatero durante el debate sobre el Estado de la Nación, con la reforma del sistema público de pensiones que, pretende alargar la edad de jubilación a los 67 años con carácter obligatorio e incrementar los años de carencia para tener derecho a la jubilación.
Estas políticas del Gobierno consisten en debilitar los derechos sociales y lab
orales, el Gobierno se ha plegado a la presión de los poderes económicos, empresariales y de los políticos conservadores para afrontar la crisis cargando en los sectores mas débiles de la sociedad las medidas de ajuste que pone en marcha, haciendo así que la crisis la tengamos que pagar los que no la hemos provocado, los trabajadores.
La reforma
laboral facilita, hace más rápido y barato el despido, institucionaliza la temporalidad como vía de acceso al mercado laboral, cuestiona el valor de la negociación colectiva dando mayor poder discrecional a los empresarios y abre la intermediación laboral al negocio privado al regular la intervención de las empresas en los servicios públicos de empleo.
Se incentiva la desaparición de los contratos indefinidos actuales. El contrato de fomento del empleo (con una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) se generaliza a todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, con lo que los contratos ordinarios (con una indemnización de 45 días, con un máximo de 42 mensualidades) van a quedar en desuso.
Se facilita a las empresas el descuelgue o inaplicación de
las condiciones salariales recogidas en los convenios colectivos sectoriales, posibilitando al acuerdo de empresa modificar el salario (pudiendo ser inferior) así como fijar nuevas retribuciones.
Se legaliza la intermediación laboral como negocio privado y se da acceso a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro a la gestión de la intermediación. También se les otorga competencias que afectarán a las prestaciones.
Además, se levanta el veto a las empresas de trabajo temporal para que puedan trabajar en la Administración Pública, con lo cual estas ETT podrán sustituir las actuales bolsas de empleo, pudiendo contratar sin someterse a las garantías constitucionales de igualdad, mérito y publicidad.
planteada por el Gobierno “Socialista”, supone la mayor agresión a los derechos laborales de los trabajadores desde el inicio de la democracia. Es una consecuencia mas que el Gobierno ha dado en materia económica y social, que se inició con el recorte de 50.000 millones de euros, continuó con el plan de ajuste (congelación de las pensiones, rebaja salarial de los empleados públicos, 6.045 millones de euros de recorte en inversión publica,…) y con la aprobación del Real Decreto de Reforma Laboral.Unas medidas inju
stas y regresivas que continuarán, como ya anunció el presidente Zapatero durante el debate sobre el Estado de la Nación, con la reforma del sistema público de pensiones que, pretende alargar la edad de jubilación a los 67 años con carácter obligatorio e incrementar los años de carencia para tener derecho a la jubilación.Estas políticas del Gobierno consisten en debilitar los derechos sociales y lab
orales, el Gobierno se ha plegado a la presión de los poderes económicos, empresariales y de los políticos conservadores para afrontar la crisis cargando en los sectores mas débiles de la sociedad las medidas de ajuste que pone en marcha, haciendo así que la crisis la tengamos que pagar los que no la hemos provocado, los trabajadores.La reforma
laboral facilita, hace más rápido y barato el despido, institucionaliza la temporalidad como vía de acceso al mercado laboral, cuestiona el valor de la negociación colectiva dando mayor poder discrecional a los empresarios y abre la intermediación laboral al negocio privado al regular la intervención de las empresas en los servicios públicos de empleo.Se incentiva la desaparición de los contratos indefinidos actuales. El contrato de fomento del empleo (con una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) se generaliza a todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras, con lo que los contratos ordinarios (con una indemnización de 45 días, con un máximo de 42 mensualidades) van a quedar en desuso.
Se facilita a las empresas el descuelgue o inaplicación de
las condiciones salariales recogidas en los convenios colectivos sectoriales, posibilitando al acuerdo de empresa modificar el salario (pudiendo ser inferior) así como fijar nuevas retribuciones.Se legaliza la intermediación laboral como negocio privado y se da acceso a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro a la gestión de la intermediación. También se les otorga competencias que afectarán a las prestaciones.
Además, se levanta el veto a las empresas de trabajo temporal para que puedan trabajar en la Administración Pública, con lo cual estas ETT podrán sustituir las actuales bolsas de empleo, pudiendo contratar sin someterse a las garantías constitucionales de igualdad, mérito y publicidad.
